Constantemente leemos en las redes sociales, y escuchamos repetir a distintos sectores de nuestra sociedad, la famosa frase: “Cuando Argentina era un país en serio”. La expresión suele evocar una época de prosperidad, orden, trabajo y respeto por las instituciones. Sin embargo, cuando se contrastan esas imágenes con estadísticas, censos y documentos históricos, aparece una realidad bastante menos luminosa: aquella Argentina fue, para una minoría, un país de grandes fortunas; para la mayoría, un territorio marcado por la desigualdad, la explotación y la ausencia de derechos.
La nostalgia suele idealizar el período de predominio terrateniente y trabajo servil en el campo. Se recuerda el crecimiento agroexportador, la llegada de inmigrantes, la expansión ferroviaria y el desarrollo de algunas ciudades, pero se omite que ese modelo descansó sobre una concentración extrema de la tierra y sobre relaciones laborales que, aunque no siempre recibieran legalmente el nombre de esclavitud, funcionaban mediante mecanismos de coerción y dependencia.
Lo más llamativo es que muchas de las personas que repiten aquella frase nunca pertenecieron a los sectores privilegiados que realmente se beneficiaron de ese orden. La transmisión acrítica de ese relato demuestra hasta qué punto la ignorancia histórica puede ser peligrosa: permite añorar un sistema que, de haber sido restituido, probablemente habría perjudicado a quienes hoy lo reivindican.
Una “Argentina en serio” para pocos
Desde el siglo XIX, una reducida cantidad de familias concentró extensiones enormes de tierra y acumuló poder económico, político y social. Pocos apellidos se convirtieron en símbolos de una estructura agraria cerrada, en la que la propiedad se transmitía de generación en generación y la movilidad social era limitada.
El modelo agroexportador impulsado durante la llamada Generación del ’80 favoreció la inserción argentina en el mercado internacional como proveedora de materias primas y alimentos. La expansión económica fue real, pero sus beneficios se distribuyeron de manera profundamente desigual. La tierra —principal recurso de riqueza— se concentró mediante herencias, concesiones, privatizaciones y desplazamientos de comunidades indígenas y pequeños productores. Ahí sí intervino el estado, que repartía tierras entre el circulo del poder aristocrático.
La imagen de una nación próspera y ordenada escondía, de ese modo, una estructura social donde pocos mandaban y muchos obedecían. La estabilidad existía, sobre todo, para quienes se encontraban en la cima. Para los trabajadores rurales, arrendatarios, peones temporarios y familias campesinas, la vida estaba marcada por la dependencia del patrón, el endeudamiento y la falta de derechos laborales.
El caso santiagueño
En el contexto provincial, esa “Argentina en serio” tuvo también su versión de “Santiago en serio”. Desde la etapa colonial y durante buena parte del período posterior a la autonomía, pocas familias controlaron grandes extensiones del territorio. Primero se dedicaron principalmente a la ganadería y, más tarde, a pequeñas producciones agrícolas. Durante el último cuarto del siglo XIX, la explotación forestal se convirtió en otra fuente de enormes ganancias para unos pocos.
Mientras la pampa húmeda desarrollaba actividades ganaderas y agrícolas, aunque con escasa tecnificación, en Santiago del Estero, el norte de Santa Fe y los territorios nacionales que luego serían las provincias de Chaco y Formosa predominó una economía basada en la explotación forestal. El quebracho, la leña y otros recursos fueron extraídos intensivamente, generando importantes beneficios para empresas y propietarios, pero dejando tras de sí territorios degradados y comunidades empobrecidas.
Quienes añoran aquel supuesto pasado brillante del interior santiagueño suelen mencionar el movimiento de población, la actividad comercial y la existencia de determinados espacios culturales. Sin embargo, esa imagen de dinamismo ocultaba una realidad mucho más dura: miles de trabajadores sometidos a condiciones cercanas a la esclavitud.
Trabajo coercitivo y dependencia
El Código Rural sancionado en 1865 constituye un ejemplo significativo de la forma en que el Estado regulaba la vida de los sectores populares. Quien no demostraba tener ocupación podía ser considerado “vago” y obligado a incorporarse a la milicia o a prestar servicios. En la práctica, la norma permitía perseguir a trabajadores sin empleo estable y convertir la pobreza en una presunción de delito.
Los peones rurales trabajaban jornadas extensas, sin límites horarios claros, con salarios escasos y en condiciones inhumanas. En muchos establecimientos, el pago se realizaba mediante vales o monedas que solo podían utilizarse en los comercios del propio patrón. Este sistema de almacenes y barracas reforzaba el endeudamiento permanente y anulaba la posibilidad de abandonar el lugar de trabajo.
No se trataba de una relación laboral libre en el sentido moderno. El trabajador dependía del patrón para acceder al salario, a los alimentos, a la vivienda y, en ocasiones, incluso a la posibilidad de circular. La deuda se transmitía o se prolongaba, y la falta de alternativas convertía a numerosas familias en prisioneras de un sistema que se presentaba formalmente como empleo.
Los peones y sus familias habitaban en obrajes y ranchos precarios, muchas veces construidos con empalizadas y techos de tierra. Carecían de agua segura, instalaciones sanitarias y atención médica adecuada. Sus hijos, lejos de contar con oportunidades de movilidad social, estaban destinados a heredar la misma ocupación y las mismas condiciones de vida.
Por eso, las propuestas contemporáneas que plantean resolver el fenómeno de los jóvenes que no estudian ni trabajan (los ni-ni) mediante una reedición del servicio militar no surgieron de la nada. En buena medida, expresan la nostalgia por un orden social en el que el Estado disciplinaba a los pobres y los colocaba al servicio de las estructuras dominantes.
El deterioro del modelo agroexportador
Algunos relatos sostienen que la llegada de Juan Domingo Perón al poder inició la decadencia de una Argentina próspera, productiva y ordenada. Sin embargo, la crisis del modelo agroexportador comenzó antes y obedeció a múltiples causas.
La Primera Guerra Mundial, la crisis de 1929, los cambios en el comercio internacional y la transformación de las economías industrializadas afectaron profundamente a los países dependientes de la exportación de materias primas. Pero también existieron factores internos. La élite terrateniente se había acostumbrado a obtener grandes beneficios con una estructura productiva poco innovadora y con mano de obra barata. Esa comodidad redujo los incentivos para modernizar el sector.
Los bajos rendimientos agrícolas, la falta de tecnificación, la deforestación excesiva y el deterioro de los suelos fueron algunas de las consecuencias de un modelo orientado a extraer riqueza sin garantizar la sustentabilidad del territorio. La explotación forestal, particularmente en el norte argentino, dejó extensas zonas degradadas y comunidades sin recursos.
En este punto, la responsabilidad del Estado no estuvo únicamente en su eventual intervencionismo (con el cual se acusa al peronismo), como suele afirmarse. También existió responsabilidad por su ausencia: no reguló adecuadamente las exportaciones, no promovió una política tecnológica sostenida y no generó herramientas suficientes para enfrentar los efectos de la degradación ambiental y productiva. Esta ausencia respondía a expreso interés de la aristocracia dominante.
La creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en 1956, no fue por nada, sino en respuesta a poder dar vida a aquello que había desfallecido. La apertura de esta institución representó un avance decisivo en materia de investigación, extensión y modernización del campo. Sin embargo, para entonces la Argentina ya había perdido décadas frente a otros países que habían incorporado antes nuevas tecnologías, métodos de manejo del suelo y sistemas de producción más eficientes.
La ampliación de los derechos laborales
Cuando las transformaciones tecnológicas y económicas comenzaron a modificar el escenario, la relación entre los terratenientes y los trabajadores rurales también empezó a cambiar. Durante el peronismo se sancionó el Estatuto del Peón Rural, una medida que estableció derechos básicos, reguló las condiciones de trabajo y limitó los abusos más extremos.
El Estatuto no eliminó de inmediato las prácticas de explotación. Muchos propietarios continuaron incumpliendo las normas, amparados por autoridades locales y redes de poder. Pero marcó un quiebre histórico: por primera vez, el trabajador rural dejó de ser considerado una pieza subordinada del establecimiento y pasó a ser reconocido como sujeto de derechos.
Ese cambio es precisamente uno de los motivos por los cuales ciertos sectores condenan el período peronista. No porque haya destruido una sociedad igualitaria —porque nunca lo fue—, sino porque alteró las relaciones de poder y redujo la capacidad de los grandes propietarios para disponer libremente de la vida y del trabajo de sus empleados.
Una nostalgia selectiva
La frase “cuando Argentina era un país en serio” no describe una realidad histórica completa. Es una selección interesada del pasado. Recupera la prosperidad de las élites, pero omite la pobreza rural; celebra la exportación de productos, pero silencia la explotación de trabajadores; recuerda el orden, pero olvida que ese orden se sostenía mediante la desigualdad y la coerción.
Aquella Argentina fue un país de grandes riquezas, pero también de enormes injusticias. Fue moderna para algunos y arcaica para muchos. Mientras las familias terratenientes acumulaban hectáreas y poder, amplios sectores de la población carecían de derechos laborales, vivienda digna, educación y posibilidades reales de ascenso social.
La discusión no debería consistir en idealizar o demonizar un período entero, sino en comprenderlo con mayor rigor. El pasado puede ofrecer enseñanzas, pero no cuando se lo convierte en una postal romántica desprovista de conflictos.
En su amplio historial la Argentina ha experimentado varios cambios, similares a los sucedidos en el mundo. Ni el intervencionismo estatal absoluto es bueno, tampoco los es la ausencia total del mismo. Ambos extremos generan dependencia. Sin embargo, la historia nos demuestra que la participación de ambas partes deben convivir, para eso se requieren reglas claras y el cumplimientos de las mismas.
Añorar solo una parte del pasado sin conocer la historia en toda su amplitud, solamente puede conducir a reeditar males que creemos ya haber erradicado.
*Por José Jiménez.